¿Debe el gobierno contratar a empresas privadas para gestionar las prisiones?

Las prisiones privadas son centros de encarcelamiento administrados por una empresa con fines de lucro en lugar de una agencia gubernamental. A las empresas que operan prisiones privadas se les paga una tarifa diaria o mensual por cada preso que mantienen en sus instalaciones. En 2016 el 8,5% de la población privada de libertad estaba alojada en prisiones privadas. Esta es una disminución del 8% desde 2000. Los opositores a las prisiones privadas argumentan que el encarcelamiento es una responsabilidad social y que confiarlo a empresas con fines de lucro es inhumano. Los defen…  sores argumentan que las prisiones administradas por empresas privadas son consistentemente más rentables que las administradas por agencias gubernamentales. En 2017, el presidente Trump revocó una directiva de la administración Obama para reducir gradualmente la cantidad de contratos con operadores de prisiones con fines de lucro, diciendo que interferiría con el cumplimiento de las demandas de la población carcelaria. En enero de 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que prohibía el uso de prisiones privadas por parte del Departamento de Justicia. En 2020, el Departamento de Justicia pagó más de $945 millones a empresas de prisiones privadas.